Se ciernen
amenazas ciertas sobre la posibilidad que el periodismo crítico tenga espacio
en el país, y no se trata solamente de Grupo Clarín porque tampoco es el
monopolio de la libertad de expresión. En todo caso, un aliado, quizás
coyuntural, de los medios independientes. La llamada Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual pretendía, desde lo formal, desarmar un supuesto
monopolio pero, en verdad, intentó esconder la voluntad del Ejecutivo nacional
de quedarse con el monopolio de la información: si Cristina pudiera con Clarín,
¿qué le queda al resto?, es la peligrosa filosofía del Frente para la Victoria.
Las acechanzas de libertad sobrevuelan el horizonte cercano.
Cristina, en
el acto armado en el Museo del Bicentenario llegó a decir que “Hay un cepo
democrático” (en referencia al artículo 161, que obliga a los medios a
desinvertí) y negó la existencia de un “cepo cambiario”. ¿Qué le ocurre a la
Presidente?
por JORGE
HÉCTOR SANTOS
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@santosjorgeh
Web:
santosjorgeh.blogspot.com.ar
Youtube:
JorgeHectorSantos
CIUDAD DE
BUENOS AIRES (Especial para Urgente24). Los Kirchner han sido expertos
en crear en Santa Cruz un territorio donde imperó el relato y quedó marginada
la realidad.
Rudy Ulloa
Igor, el ex chófer de Néstor, fue quien puso su nombre para albergar el
monopolio informativo provincial que se ocupase que la familia feudal no solo
acumulara poder y riqueza personal con total impunidad mediática; sino también
para que los medios de comunicación locales reflejaran solo aquello que el
patrón de estancia y su señora le impusiese.
No resulta
extraño que ese ex chofer, devenido en empresario de medios, haya estrenado en
agosto de este año su nueva y lujosa residencia, valuada en más de US$
1.200.000, según estimó la agencia OPI Santa Cruz, la cual está situada a tan
solo cuatro cuadras de la casa de la presidente Cristina Fernández de Kirchner,
en aquel sureño lugar; y que ampliando aún más sus inversiones haya inaugurado
un supermercado.
Ese mercado
Súper Comunitario, ubicado en el barrio Evita de Río Gallegos, también
según OPI, dispone de seis camiones para transporte de mercadería, y cuenta con
una casa enfrente que fue levantada especialmente para que en ella vivan los
efectivos de seguridad que custodian el comercio, quienes disponen de
camionetas 4×4 para su movilidad.
Y sin duda
son monedas de una fortuna mayor. Apenas el cambio chico.
¿Cómo se
construyó ese imperio informativo monopólico al servicio de los Kirchner que
originó la fortuna de Rudy Ulloa?
Con el
dinero de Santa Cruz, vale decir con el dinero de todos sus habitantes.
Mediante la
reelección indefinida, los medios a su disposición, la justicia y el parlamento
cooptados y el voto clientelista de la gran masa laboral que trabaja en la
administración pública; Néstor Kirchner se convirtió en vitalicio del
poder total de su feudo.
Esa pareja
santacruceña trasladada al gobierno nacional planificó milimétricamente la
implementación del mismo esquema que llevó a la práctica en miniatura y muy
lejos de la visión de la mayoría de los argentinos.
Al cabo de
más de nueve años de estar primero Néstor y luego dos veces Cristina en la
Rosada, salta a la luz que el ¡Vamos por todo! es hacer en grande lo
experimentado con éxito antes.
La cercanía
de ambos a Hugo Chávez, más allá de otros negocios que los unen, encuentra en
el venezolano una enciclopedia donde pulir detalles del camino a recorrer para
alcanzar la victoria del modelo.
La operación
"¡Vamos por Todo!" se realizó en dos etapas que reunieron
similares características:
> Para
los Kirchner la ley y la Constitución que dicen respetar, no la cumplen cuando
estas impiden llegar al objetivo perseguido.
> La
mentira es de uso normal, y es vivida y contada como si fuera la verdad.
Esas dos
etapas a las que se hace referencia si bien se fueron llevando a la práctica
juntas, fueron desarrolladas de diferentes maneras.
La primera,
haciendo todo lo necesario y sin decirlo; y la segunda etapa fue anunciada sin
pudor por Gabriel Mariotto y por la propia Cristina Fernández. El recordado “¡Vamos
por todo!”.
Una de las
partes esenciales de esta acumulación totalitaria de poder, al igual que en
Santa Cruz o que Hugo Chávez en Venezuela, es que todos los medios de
comunicación respondan a los designios de la Casa Rosada por más reñidos que se
encuentren con el reflejo de lo que ocurre en realidad.
Si eso mismo
se pensaba lograr con los dueños del multimedios Clarín y de La Nación; ese
sueño era o iba a terminar siendo un fracaso.
No resulta
extraño que después de años de sociedad armónica, los ataques del gobierno a La
Nación y en especial al Grupo Clarín no tardaran en llegar.
Comenzó
Cristina Kirchner, ya siendo Presidente, quitándole al Grupo Clarín la
transmisión del fútbol y convirtiendo al Estado argentino en el único en el
mundo que financia o subsidia a los clubes de fútbol profesional, a cambio de
televisar los encuentros que disputan.
Un disparate
total, con el multipropósito de generar Circo para Todos y de disponer
de muchísimas horas de televisación semanal para multiplicar spots
publicitarios con obras públicas de dudosa realización y con ataques a quienes
el gobierno quiere defenestrar públicamente, desde políticos hasta el propio
Grupo Clarín.
Al mismo
tiempo se fueron acumulando medios al servicio del gobierno:
> Por
compra hechas por empresarios afines a él que fueron financiadas con dinero de
todos;
> Por
empresarios propietarios de medios que para financiar los mismos pusieron su
línea editorial a disposición del poder central a cambio de pauta publicitaria
oficial;
> Por
usar como propios y en exclusiva los medios del Estado financiados por todos.
Con todo
ello se fue armando un verdadero monopolio de medios del gobierno integrado por
un descomunal número de radios, medios gráficos, televisivos y de internet que
sigue creciendo.
La cifra que
se destina a mantener este monopolio de la falacia asciende a $ 7.143 millones,
un no despreciable 1,42% del presupuesto nacional.
Dentro de
esa multimillonaria se incluye menos de $ 400 millones que se destinan a la TVD
oficial que llega a un millón de beneficiarios de planes sociales; pero que
censura la emisión de Canal 13 y TN, que pertenecen al Grupo Clarín.
Ese
gigantesco conglomerado de reproductores de la ficción oficial se enfrenta con
el periodismo independiente, hoy día de menor volumen que el otro aunque con
mayor credibilidad y eso provoca el enojo de Cristina.
Ella no
entiende de medios. Por lo tanto no valora ni la credibilidad ni cómo se
construye la repercusión. Tampoco lo conoce ninguno de sus colaboradores, incluyendo a su vocero Alfredo
Scoccimarro, quien tampoco es un estratega comunicacional, y mucho menor el
precario portador de apellido setentista famoso, Juan Manuel Abal Medina
(hijo).
Todos estos
reciben castigos diversos, aprietes desconocidos por el gran público y nada de
pauta publicitaria oficial, violentando lo dispuesto por fallos de la Corte
Suprema de Justicia, y pronunciamientos de la Relatoría para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo,
todo esto no resulta suficiente para Cristina por el problema de la
repercusión, escenario en el que pierde.
Es por eso
que, conociendo que los medios oficialistas no iban a desplazar la aceptación
que en el público tienen los medios del gobierno, la Casa Rosada alimentó la
idea de “democratiza la palabra” y reemplazar la Ley de Radiodifusión
dictada y vigente hasta ese momento, con múltiples modificaciones, por el
gobierno militar.
Lo único que
busca la Ley de Medios Audiovisuales es reducir al mínimo a los medios que
pueden sobrevivir injustamente sin recibir pauta publicitaria oficial, para que
el relato oficial sea el único que exista y la verdad no lo contradiga.
Es por eso
que al festejar el 3er. aniversario de la sanción de la Ley de Medios K, la
Presidente de la Nación, en cadena nacional (la N° 19 en 2012), arremetió
nuevamente empleando un buen número de falacias.
Cristina, en
el acto armado en el Museo del Bicentenario llegó a decir que “Hay un cepo
democrático” (en referencia al artículo 161, que obliga a los medios a
desinvertí) y negó la existencia de un “cepo cambiario”.
Entre los
aplaudidores estaban dueños de medios que sobrepasan las licencias permitidas,
como los del grupo Uno, Daniel Vila y José Luis Manzano; Sergio Szpolski, del
grupo Veintitrés; y Raúl Moneta, dueño de muchas radios.
La
presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un nuevo apriete a la Justicia,
al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema en particular y mostró su
enojo por el fracaso del oficialismo al no imponer a su propia candidata en el
juzgado que deberá decidir sobre la constitucionalidad de un artículo clave de
la Ley de Medios.
Cristina
Fernández aseguró que “la ley debe ser igual para todos, no podemos vivir en
una sociedad en que unos cumplan la ley y otros puedan violentarla”, justo
cuando al lado de ella se mostraba nada más ni nada menos que el sospechado de
corrupción, el vicepresidente Amado Boudou.
Para
Cristina la ley puede ser violada a gusto de sus necesidades.
No escapa al
conocimiento de la primera mandataria que el juez federal Raúl Tettamanti,
quien debía hacerse cargo de analizar la presentación de Clarín ante
Tribunales, debió renunciar acusando al ministro de Justicia, Julio Alak, y a
miembros kirchneristas en el Consejo de la Magistratura de haberle generado
"violencia moral y un grado de intranquilidad personal y familiar".
Tettamanti
habría sido amenazado con la posibilidad de que su hermano, el vicealmirante (R)
Rodolfo Oscar Tettamanti -un ex jefe de Infantería de Marina que se retiró
de la fuerza tras el alzamiento carapintada de Mohamed Seineldín,
en 1988- sería enjuiciado por algún motivo que ya se buscaría.
El apriete
por todos lados llevado adelante por este gobierno para aplicar una ley de
censura de la expresión independiente y crítica de la gestión oficial, con el
único propósito de que solo exista un monopolio estatal de la información,
extrema su accionar totalitario y lo aproxima a una zona altamente peligrosa
donde no solo está en juego la libertad de expresión sino la propia y escasa
democracia que aún sobrevive.
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